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¿Qué significa «Spexit»?

Es el resultado de unir las palabras en inglés Spain (España) y Exit (‘salir’ o ‘salida’) y hace referencia al movimiento que quiere una España fuera de la Unión Europea (UE) y del euro. Este tipo de expresión se hizo popular con la salida del Reino Unido de la UE (que se hizo oficial en enero de 2020) que se denominó Brexit. En Italia, se habla de Italexit y en Francia de Frexit, por poner otros dos ejemplos cercanos.

Referéndum Spexit: ¿Por qué?

29 años después de la firma del Tratado de Maastricht y 22 años después de la entrada de España en el euro, es hora de hacer balance. Podemos afirmar que las promesas hechas por los partidarios del ingreso en la UE y en el euro no se han cumplido.

No solo no gozamos de pleno empleo, sino que seguimos sufriendo un desempleo estructural como consecuencia del proceso de desindustrialización que nos exigió Bruselas para poder entrar en la Unión Europea. La inestabilidad y precariedad laboral de jóvenes y mayores ha aumentado considerablemente, así como la desigualdad entre ricos y pobres.

Para colmo de males, desaparecida ya la expectativa de basar nuestro crecimiento económico en la construcción, la moneda común (el euro) supone una asfixia para nuestro crecimiento económico, porque se trata de una moneda sobreevaluada para la competitividad de la economía española y porque no permite reajustar las disparidades entre distintos países gracias a la variación de los tipos de cambio. Al no poder hacer variar el tipo de cambio, esto nos obliga a la “devaluación interna”. Por estos motivos, según ha revelado en 2019 el think tank alemán Center for European Policy, sobre un periodo de 20 años cada español ha perdido de media unos 5000 euros (no es muchísimo dinero, pero sigue siendo una pérdida neta, o al menos un estancamiento claro del poder adquisitivo, cosa que nos aleja mucho de las promesas hechas por los europeístas). Además, con la llegada del euro algunos precios se han incrementado mientras que los salarios se han estancado.

Además, las condiciones han cambiado desde que entramos en la Comunidad Económica Europea en 1986. Muchos serán los que habrán oído a partidarios de la UE decir que la UE ha financiado nuestras autopistas. Pero es que España ya no es un país beneficiario neto del presupuesto de la UE, es un país que ya es contribuidor neto. Y esta tendencia se va a agravar con la salida del Reino Unido de la UE y con la posible incorporación de países de los Balcanes en la UE. En 2019, España aportó 1.176 millones de euros más de los que recibió de la UE, y estaba previsto que esta tendencia siguiera así para el ciclo presupuestario 2021-2027. Es muy importante tener esto en cuenta, sobre todo de cara a nuestros agricultores, porque al dar más dinero a la UE de lo que recibe cada año, el dinero que reciben nuestros agricultores a través de la Política Agrícola Común (PAC) es dinero nuestro. Por lo tanto, es legítimo preguntarse si nos sigue beneficiando formar parte de la UE.

Pero claro, entonces algunos dirán, ¿Y el fondo de recuperación de 140.000 millones de euros (72.700 millones en ayudas directas y 67.300 millones en forma de préstamos) que recibimos de la UE en el marco de la crisis generada por la Covid-19? Efectivamente, este fondo de recuperación supone una interrupción con respecto a lo planeado inicialmente para el ejercicio presupuestario 2021-2027. Pero este “fondo de rescate” plantea no obstante un problema en lo que respecta a la soberanía nacional. ¿Alguien se piensa de verdad que la UE nos va a regalar dinero a cambio de nada? Como ya ha ocurrido en otros países como Grecia, este fondo de recuperación se va a otorgar a cambio de dar algunas “garantías”, como se ha establecido en un reglamento europeo aprobado en diciembre de 2020. En dicho reglamento se habla de realizar ajustes fiscales y presupuestarios, de hacer una nueva reforma del sistema de pensiones, de profundizar en la senda de las reformas laborales, o de hacer que los ERTES se queden indefinidamente.

Por otra parte, este fondo de recuperación no altera la participación anual de España al presupuesto de la UE. Por lo tanto, el dinero que le lleguen a los agricultores a través de la PAC seguirá siendo dinero español. Pero es que el problema no se detiene aquí. Porque al igual que ocurre con los 140.000 millones del fondo de recuperación, no tendremos la libre disposición del dinero que recibiremos de la PAC (que, insistimos, es dinero nuestro). En febrero de 2020, el presidente del Consejo de la UE Charles Michel había previsto hacer un recorte del 14% en la partida presupuestaria destinada a la PAC en el marco del ciclo presupuestario 2021-2027. Esto supondría unas pérdidas millonarias para la agricultura española (sólo en 2017, España recibió a través de la PAC 5.890 millones de euros en ayudas para agricultores y ganaderos). Por lo tanto, es legítimo preguntar al pueblo español si quiere seguir formando parte de la UE para restablecer las subvenciones a ganaderos y agricultores al nivel que estaba antes de 2020.

A todo esto se añade lo que creemos ser el problema principal de la UE, que es el de la supranacionalidad que atenta contra la soberanía nacional. En efecto, el artículo 1.2 de la Constitución Española dice que “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. Sin embargo, a través de los tratados europeos (y notablemente a través del artículo 121 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) confiamos en la Comisión Europea todo un poder de iniciativa legislativa para redactar cada año un informe de “orientaciones generales para las políticas económicas” que marca la ruta a seguir en materia presupuestaria, fiscal, económica, industrial, etc., siguiendo una agenda que suele ser siempre de orientación neoliberal. Cierto es que en teoría es el Consejo Europeo (donde están presentes  los jefes de Estado y de gobierno de los Estados miembros) quien tiene la última palabra, pero para obtener una opinión diferente de la que tiene la Comisión Europea hace falta reunir una mayoría cualificada, cosa que en la práctica es imposible. Por lo tanto, quien decide realmente es la Comisión Europea, compuesta por miembros que no han sido elegidos democráticamente.

Además de todo esto, hay que saber lo siguiente sobre la UE:

  • El Banco Central Europeo (que tiene entre sus preocupaciones el control de los tipos de interés, el control de la inflación y la estabilidad presupuestaria, pero no la creación de empleo) es totalmente independiente, de manera que no puede recibir indicaciones de ninguna institución europea.
  • La UE empuja hacia el desmantelamiento de los grandes servicios públicos (considerados como “monopolios” que atentan contra el principio de libre competencia), por medio del artículo 106 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Esto es lo que se ha visto por ejemplo en España en el sector del ferrocarril, con la separación entre la empresa RENFE (que se dedica al transporte de viajeros) y ADIF (que se encarga de la gestión de las infraestructuras). Recientemente, por presión de la Comisión Europea, se ha permitido la entrada de operadores privados en el sector.
  • La UE tiene competencia exclusiva en materia comercial, de tal manera que firma acuerdos comerciales con terceros países (o con otras uniones como el MERCOSUR), siguiendo una orientación librecambista y sin tener en cuenta los intereses respectivos de los trabajadores de cada país (de hecho, es imposible defender en un único acuerdo los intereses de 27 países). Así, por ejemplo, la UE ha firmado un acuerdo de libre comercio con Sudáfrica que ha perjudicado gravemente a los productores españoles de naranjas.
  • La UE nos impide luchar eficazmente contra las deslocalizaciones de empresas y contra la evasión fiscal, pues hacerlo sería una violación del principio de total libertad de circulación de los capitales, inscrito en el artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
  • La UE nos impide reindustrializar el país, porque la Comisión Europea se opondría. Y ello porque por motivos de “optimización”, la UE impone a los llamados países de la periferia el mantenimiento de economías de reducido valor añadido (lo que Carlos Solchaga llamaba “ser un país de servicios”) en comparación con los países de la Europa del norte.

Por lo tanto, individuos, asociaciones y partidos de todo el país nos unimos en esta plataforma para pedir al Gobierno de España y al Congreso de los Diputados que convoquen un referéndum consultivo vinculante, a modo de cuestión de confianza, sobre la permanencia de España en la Unión Europea y la eurozona.

¿Qué puedo hacer yo para dar mi apoyo a este referéndum?

Puedes firmar nuestra petición en change.org aquí:

https://www.change.org/referendum-spexit

¡Cuantas más firmas obtengamos, más fuerza tendrá nuestra causa, que no es otra que la de la democracia y la soberanía nacional!

También puedes apoyar nuestro manifiesto-argumentario para que incluyamos tu nombre y apellidos, a título individual o como representante de una asociación, sindicato o partido, en la lista de quienes apoyan nuestra iniciativa. Por supuesto, esta iniciativa está abierta también para partidarios del mantenimiento en la UE, puesto que, si son demócratas, y teniendo en cuenta la controversia que hay en relación a la política ejercida por la UE, deberían considerar como algo natural que la pertenencia a la UE sea discutida y sometida a referéndum.